Congreso de Oaxaca desaparece poderes en San Agustín Amatengo

Oaxaca | Con 35 votos a favor, el pleno de la LXVI Legislatura avaló la desaparición del Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Amatengo, municipio del distrito de Ejutla, para el periodo 2025-2027, luego de que la totalidad de sus concejales propietarios y suplentes presentaran renuncias irrevocables ante la comisión dictaminadora.

En una sesión marcada por gritos, acusaciones y un ambiente de abierta confrontación, desde la propia bancada de Morena estallaba un señalamiento de presunta corrupción contra el presidente de la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, Mauro Cruz Sánchez a quien se le acusó de cobrar 100 mil pesos por ofrecer a comunidades la elevación de rango de sus categorías territoriales.

Minutos antes de que el dictamen se sometiera a consideración, la diputada de Morena, Concepción Rueda Gómez, subió a tribuna y lanzó dicha acusación. Anunció que solicitará que se investiguen estos hechos y pidió que las denuncias se formalicen ante las instancias correspondientes.

Además, denunció que fue agredida al término de la sesión en la que se había truncado la destitución de la presidenta municipal de Amatengo y responsabilizó directamente a Cruz Sánchez. Desde tribuna, advirtió que el Congreso debe ser un espacio para evidenciar conductas que vulneren derechos, particularmente de mujeres, niñas y adolescentes, y sostuvo que “el patriarcado está más presente de lo que muchos y muchas quieren reconocer”.

Desde su curul, visiblemente nervioso y con una respuesta atropellada, Mauro Cruz Sánchez rechazó los señalamientos y retó a su compañera de bancada a presentar pruebas ante la Fiscalía. El expediente CPGAA/390/2026 documenta que la crisis en San Agustín Amatengo se arrastra desde el 11 de noviembre de 2025, cuando un grupo de ciudadanos retuvo dentro del palacio municipal a la presidenta, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, para exigir su renuncia.

En su informe al Congreso, la Secretaría de Gobierno, encabezada por José de Jesús Romero López, describió un escenario de ingobernabilidad: suspensión de agua potable, recolección de basura y servicios médicos, además de ausencia de mandos de seguridad pública.

El 24 de febrero de 2026 el Congreso había declarado improcedente una solicitud de revocación de mandato contra la alcaldesa. Tras conocerse la resolución, se registraron actos de violencia dentro y fuera del recinto legislativo, donde un grupo de personas provenientes del municipio retuvo y trasladó contra su voluntad a la presidenta municipal, quien posteriormente fue localizada y rescatada por el gabinete de seguridad estatal.

Dos días después, el 26 de febrero, la comisión dictó el acuerdo de radicación del expediente de desaparición. Entre el 27 de febrero y el 2 de marzo, los siete concejales propietarios —encabezados por la propia Juárez Ramírez— y seis suplentes ratificaron personalmente sus renuncias irrevocables, configurando la acefalía total del cabildo.

El dictamen acreditó cuatro causales previstas en el artículo 58 de la Ley Orgánica Municipal del Estado: imposibilidad absoluta de funcionamiento; riesgo a la vida, salud y dignidad de los habitantes por la paralización de servicios esenciales; conflictos reiterados entre los integrantes del cabildo; y afectación grave a la hacienda pública, al no gestionarse recursos de los ramos 28 y 33 ni presentarse la cuenta pública 2025 ante la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado.

El decreto ordena notificar al Poder Ejecutivo para que nombre de inmediato a un encargado de la administración municipal por 90 días. Posteriormente, el gobernador deberá proponer al Congreso la integración de un Consejo Municipal.